Madrid – ECO NOTICIA: ciudadanía española para saharauis es el eje de una iniciativa parlamentaria que avanza en las Cortes y que pretende abrir una vía específica para que miles de personas nacidas en el antiguo territorio administrado por España puedan acceder a la nacionalidad, junto con determinados descendientes. El Congreso ha dado un paso decisivo, pero todavía queda una fase parlamentaria antes de que la medida pueda convertirse en ley. ¿Quiénes podrían beneficiarse y qué requisitos tendrían que cumplir?
Ciudadanía española para saharauis: el Congreso da luz verde a la iniciativa
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley destinada a conceder la nacionalidad española a las personas saharauis nacidas en el Sáhara Occidental durante la administración española.
La votación salió adelante con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones. El resultado permite que la iniciativa continúe su recorrido parlamentario y pase ahora al Senado.
La propuesta fue impulsada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y plantea utilizar la figura de la carta de naturaleza para facilitar el acceso a la nacionalidad española a quienes cumplan las condiciones establecidas.
El texto fija como referencia a las personas nacidas en el territorio del Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977. La norma contempla además que no sea imprescindible contar con residencia legal en España para poder solicitar la nacionalidad mediante este procedimiento.
La fecha constituye uno de los elementos centrales de la propuesta. El texto parlamentario la relaciona con el proceso jurídico y administrativo vinculado a la salida de España del territorio saharaui y con el final de la administración española.
El Congreso establece también un plazo para presentar las solicitudes. Si la proposición completa el procedimiento legislativo y entra en vigor, las personas que cumplan los requisitos dispondrán de tres años para iniciar el procedimiento.
La resolución de las solicitudes tendría, según el texto aprobado por la Cámara Baja, un plazo máximo de un año.
Fuente oficial: Congreso de los Diputados
El alcance potencial de la medida no está cerrado. Las estimaciones manejadas sitúan entre 70.000 y 110.000 las personas saharauis que podrían reunir las condiciones de acceso directo, mientras que el número podría acercarse a 200.000 si se incorporan los descendientes contemplados por la iniciativa.
Estas cifras son estimaciones y no equivalen a un censo oficial de futuros beneficiarios.
Qué requisitos contempla la ciudadanía española para saharauis
Uno de los puntos fundamentales de la proposición de ley es la acreditación del vínculo con el antiguo territorio administrado por España.
La iniciativa contempla distintos documentos para demostrar que una persona nació en el Sáhara Occidental dentro del periodo establecido. Entre ellos figura el Documento Nacional de Identidad español, incluso cuando ya no se encuentre vigente.
También se contempla el certificado de nacimiento como elemento de acreditación. El texto permite además recurrir a documentación relacionada con los registros históricos de la población saharaui.
Otro documento que puede adquirir especial importancia es la inscripción en el censo elaborado para el referéndum sobre el futuro del Sáhara Occidental y autenticado por Naciones Unidas.
La proposición amplía las posibilidades probatorias mediante documentos que permitan demostrar el nacimiento en el territorio durante la administración española.
Entre ellos aparecen certificados de escolarización, permisos de conducir españoles, documentación relativa a pensiones de jubilación y certificados de hospitalización o asistencia médica.
La propuesta no limita la acreditación a un único documento. El objetivo consiste en permitir que las autoridades puedan valorar la documentación disponible para establecer la vinculación exigida.
El Congreso ya había tramitado distintas versiones de la iniciativa durante su recorrido parlamentario. El texto que llegó al Pleno incorporó modificaciones sobre los medios de prueba y mantuvo como fecha de referencia el 29 de septiembre de 1977.
La medida se plantea como una respuesta específica a la situación jurídica de una población que mantuvo vínculos administrativos con España antes de la salida española del territorio.
El procedimiento no supondría una concesión automática para cualquier persona de origen saharaui. La persona interesada tendría que acreditar que cumple las condiciones previstas y presentar la documentación correspondiente dentro del plazo establecido.
La propuesta también contempla a los hijos de los beneficiarios. De acuerdo con el texto difundido durante la tramitación, el acceso para los descendientes alcanza incluso a personas que no tengan residencia legal en España.
Ese punto amplía de manera significativa el alcance territorial de la iniciativa, ya que no limita la posibilidad de solicitar la nacionalidad a quienes actualmente viven en España.
Una vía distinta a la residencia ordinaria
La iniciativa responde además a una cuestión planteada durante años por organizaciones y representantes de la comunidad saharaui: el tiempo necesario para acceder a la nacionalidad española mediante los procedimientos actualmente disponibles.
Tesh Sidi, diputada de Sumar y una de las principales defensoras de la proposición, ha presentado la medida como una forma de corregir lo que considera una injusticia histórica.
Sidi nació en los campamentos de refugiados saharauis situados en las proximidades de Tinduf, en Argelia, y se convirtió en la primera mujer de origen saharaui en ocupar un escaño en el Parlamento español.
Durante la defensa de la iniciativa, sostuvo que la propuesta pretende recuperar el vínculo documental que tuvieron determinados saharauis con España.
La diputada también afirmó que algunas personas saharauis han tenido que esperar periodos prolongados para poder solicitar la nacionalidad, incluso cuando contaban con vínculos familiares españoles y residencia legal.
Su argumento político sitúa la proposición dentro de un debate más amplio sobre la relación histórica entre España y el pueblo saharaui.
El papel de Sumar y el voto de los principales partidos
La iniciativa parlamentaria nació en Sumar y terminó contando con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español.
El resultado de la votación, sin embargo, reflejó una posición diferente entre las principales fuerzas políticas.
El Partido Popular optó por la abstención. También se abstuvo Junts per Catalunya, mientras Vox votó en contra.
El comportamiento parlamentario resulta especialmente relevante porque tanto el PP como Vox habían respaldado la iniciativa en fases anteriores de su tramitación, cuando el PSOE mantenía una posición más reticente respecto a su avance.
La votación definitiva en el Congreso mostró, por tanto, un reparto distinto de apoyos respecto a momentos anteriores del procedimiento.
Sumar ha convertido la cuestión de la nacionalidad de los saharauis nacidos bajo administración española en una de sus iniciativas vinculadas a la memoria y a las consecuencias jurídicas de la presencia española en el territorio.
Para sus promotores, la propuesta no constituye una concesión excepcional sin antecedentes, sino una respuesta legislativa a una relación histórica concreta.
El texto se apoya en la figura de la carta de naturaleza prevista en el Código Civil para situaciones consideradas excepcionales.
El Congreso ha establecido en la proposición que las circunstancias exigidas para utilizar esa vía concurren en las personas nacidas en el Sáhara Occidental bajo administración española dentro del periodo definido.
La aprobación en el Pleno no significa todavía que los solicitantes puedan presentar sus expedientes. La iniciativa debe completar el trámite pendiente en el Senado antes de adquirir rango de ley.
Hasta entonces, los requisitos aprobados por el Congreso forman parte del texto parlamentario y no constituyen todavía un procedimiento abierto para presentar solicitudes.
El Sáhara Occidental y el vínculo histórico con España
La discusión sobre la nacionalidad saharaui está estrechamente relacionada con la historia de la presencia española en el territorio.
España ejerció el control colonial y administrativo sobre el Sáhara Occidental durante décadas, hasta su retirada en la segunda mitad del siglo XX.
Durante ese periodo, los habitantes del territorio mantuvieron diferentes vínculos administrativos con las autoridades españolas. La documentación de aquella etapa ocupa ahora un lugar central en la propuesta de nacionalidad.
El conflicto sobre el futuro del Sáhara Occidental continuó después de la salida española.
Marruecos reivindica la soberanía sobre el territorio y controla gran parte de él. Naciones Unidas, por su parte, mantiene al Sáhara Occidental dentro de la categoría de territorio no autónomo.
El Frente Polisario defiende la independencia del territorio y cuenta con el respaldo de Argelia. La población saharaui se encuentra actualmente repartida entre el territorio del Sáhara Occidental, los campamentos de refugiados próximos a Tinduf y otros países, entre ellos España.
Esta situación explica la dimensión internacional de cualquier decisión española relacionada con la población saharaui.
Durante años, España respaldó el proceso auspiciado por Naciones Unidas para determinar el futuro del territorio mediante un referéndum.
La posición del Gobierno español cambió posteriormente y Madrid pasó a respaldar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental bajo soberanía de Marruecos.
Ese cambio contribuyó a mejorar las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos después de un periodo de fuerte tensión.
La cuestión de la nacionalidad introduce ahora un nuevo elemento en una relación bilateral que también afecta a asuntos migratorios, fronterizos y de seguridad.
Ciudadanía española para saharauis en un momento de tensión con Marruecos
El avance de la proposición se produce además en un contexto especialmente delicado entre Madrid y Rabat.
A finales de julio, decenas de miles de migrantes llegaron a Ceuta procedentes de Marruecos durante un episodio migratorio sin precedentes por su magnitud.
Las cifras manejadas sitúan en al menos 70.000 las personas que entraron en la ciudad autónoma durante aquella oleada.
El Gobierno español evitó atribuir públicamente al Ejecutivo marroquí una responsabilidad directa en la crisis. Partidos de la oposición, sin embargo, acusaron a Marruecos de facilitar deliberadamente los cruces para ejercer presión política sobre España.
Marruecos mantiene además una reivindicación de soberanía sobre Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas españolas situadas en el norte de África.
La aprobación de una vía para que miles de saharauis puedan obtener la nacionalidad española añade sensibilidad política a este escenario.
Hasta el momento, la propuesta no ha provocado una condena formal del Gobierno marroquí.
Medios marroquíes habían recogido anteriormente declaraciones de Ramadan Messaoud, integrante del Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara y presidente de la Asociación Saharaui de Derechos Humanos.
Messaoud señaló que Rabat no tendría inconveniente en que los saharauis adquirieran la nacionalidad española y recordó que otras personas ya habían obtenido esa nacionalidad durante los últimos años.
La cuestión, por tanto, combina una dimensión jurídica, una reivindicación histórica y un componente diplomático que trasciende el debate parlamentario español.
La nacionalidad y el debate sobre los descendientes de españoles
La iniciativa saharaui también coincide con un debate más amplio sobre el acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de personas vinculadas históricamente con España.
La Ley de Memoria Democrática abrió una vía para que determinados descendientes de españoles que abandonaron el país durante la Guerra Civil y la dictadura pudieran solicitar la nacionalidad.
La aplicación de esa legislación generó críticas del Partido Popular y Vox.
Ambas formaciones han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la concesión de nacionalidades para ampliar el censo electoral exterior con nuevos votantes que, según sostienen, podrían mostrar una mayor inclinación hacia las fuerzas progresistas, especialmente en América Latina.
El debate ha llegado también al ámbito judicial.
El Tribunal Supremo adoptó una decisión provisional relacionada con la inclusión en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de determinadas personas que habían adquirido la nacionalidad mediante la legislación de memoria democrática.
Pedro Sánchez manifestó su desacuerdo con la decisión judicial y reclamó una solución antes de las próximas elecciones generales.
La discusión sobre la nacionalidad saharaui se incorpora así a un escenario político en el que las reglas para adquirir la ciudadanía española y sus consecuencias electorales han adquirido una especial relevancia.
La proposición impulsada por Sumar tiene, no obstante, una base diferente. Su objetivo específico consiste en abordar la situación de quienes nacieron en el Sáhara Occidental cuando el territorio estaba bajo administración española y de los descendientes contemplados por el texto.
Qué ocurrirá ahora con la ciudadanía española para saharauis
El siguiente paso corresponde al Senado.
La aprobación en el Congreso permite continuar el procedimiento, pero no abre todavía el plazo de solicitudes. Para que la medida pueda aplicarse, la iniciativa debe superar el trámite pendiente y completar el procedimiento legislativo.
Si finalmente entra en vigor, las personas que cumplan los requisitos dispondrán de tres años para presentar sus solicitudes.
La documentación tendrá un papel esencial. Los posibles beneficiarios deberán demostrar el nacimiento en el territorio dentro del periodo establecido y aportar los documentos admitidos por la futura norma.
La propuesta contempla una variedad de pruebas, desde documentos de identidad y certificados de nacimiento hasta registros escolares, permisos de conducir, pensiones y documentación sanitaria.
También concede relevancia a los registros relacionados con el proceso de Naciones Unidas sobre el futuro del Sáhara Occidental.
El resultado final dependerá, por tanto, de la culminación del trámite parlamentario y de la aplicación concreta de los requisitos previstos.
La iniciativa representa uno de los principales intentos legislativos para abordar directamente la situación de las personas saharauis vinculadas documentalmente con la antigua administración española.
Su recorrido todavía no ha terminado, pero la votación del Congreso marca un avance significativo para una propuesta que pretende modificar el acceso a la nacionalidad de un colectivo afectado directamente por la retirada de España del Sáhara Occidental.
Preguntas frecuentes
¿Quiénes podrían solicitar la nacionalidad española?
Las personas saharauis nacidas en el Sáhara Occidental bajo administración española antes del 29 de septiembre de 1977, siempre que acrediten las condiciones previstas por la norma.
¿Los descendientes también podrían beneficiarse?
El texto contempla a los hijos de las personas beneficiarias, incluidos quienes no tengan residencia legal en España.
¿Qué documentos servirían para acreditar la condición?
Entre otros, documentos de identidad españoles, certificados de nacimiento, registros censales, documentación escolar, permisos de conducir, pensiones y certificados médicos.
¿La medida ya está en vigor?
No. El Congreso ha aprobado la proposición, pero todavía debe completar su tramitación en el Senado antes de que pueda convertirse en ley………Más
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