CEUTA – ECO NOTICIA: asilo en Ceuta
Cientos de ciudadanos subsaharianos que permanecen en Ceuta han comenzado a considerar la solicitud de protección internacional como una posible vía para evitar el retorno a países marcados por conflictos, persecuciones y falta de recursos. Tras las entradas registradas a finales de julio, la ciudad mantiene a miles de jóvenes en una situación provisional, mientras las autoridades organizan su alojamiento y estudian cada caso. ¿Qué está ocurriendo con quienes han decidido permanecer en Ceuta mientras intentan encontrar una salida legal?
Asilo en Ceuta: una espera marcada por la incertidumbre
Las calles próximas a las instalaciones de Loma Margarita se han convertido en uno de los principales puntos de concentración de personas llegadas a Ceuta durante la última crisis migratoria. El reportaje publicado por EL PAÍS describe un escenario en el que conviven jóvenes procedentes de distintos países del África subsahariana, muchos de ellos con historias relacionadas con conflictos armados, grupos yihadistas, hambre o explotación laboral.
Según la información publicada, alrededor de 80.000 personas entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. La llegada masiva provocó una reorganización de los recursos disponibles y obligó a las autoridades a establecer distintos espacios para atender a los grupos presentes en la ciudad.
Las estimaciones recogidas por el periódico sitúan en unas 5.000 las personas jóvenes que todavía permanecen en distintos puntos de Ceuta. De ese conjunto, entre 1.100 y 1.500 serían ciudadanos subsaharianos, alojados principalmente en dos centros. La cifra procede de estimaciones aproximadas y no representa un recuento administrativo definitivo.
En Loma Margarita se levantaron grandes tiendas de campaña sobre un terreno perteneciente al Ejército español. El recinto tiene capacidad para 1.100 personas y cuenta con seguridad privada en el interior, mientras legionarios vigilan el exterior. El funcionamiento del centro permite a sus residentes entrar y salir, aunque las puertas se cierran durante los turnos de comida para facilitar el reparto.
Accem, la organización contratada por el Gobierno para gestionar parte de la respuesta, señala que quienes duermen en Loma Margarita son hombres de entre 18 y 35 años. Muchos habían permanecido en el norte de Marruecos esperando una oportunidad para cruzar a España y posteriormente se incorporaron a la caravana que avanzó hacia la frontera.
El reparto de los espacios también respondió a criterios específicos. Las autoridades separaron a mujeres y niñas en una zona considerada segura para prevenir posibles agresiones sexuales. Por otro lado, los ciudadanos subsaharianos fueron alojados en instalaciones distintas de las destinadas a ciudadanos marroquíes. El reportaje también recoge el caso de dos argelinos que optaron por dormir en la playa al considerar que ninguno de los espacios habilitados respondía a su situación.
La espera no se limita a una cuestión de alojamiento. Para algunos de los jóvenes, permanecer en Ceuta representa la posibilidad de explicar ante las autoridades por qué no pueden regresar a sus países de origen.
Abdallah, un joven sudanés de 21 años citado por EL PAÍS, afirma que regresar significaría integrarse en un grupo armado. Otro joven de 17 años asegura que salió de Sudán tres meses antes y que espera poder regularizar su situación y explicar lo que sucede en su país.
La situación sanitaria también aparece en el relato. El periódico describe a un menor de 15 años con una herida infectada en un tobillo que llevaba 25 días sin resolver. En el centro puede dormir en una cama, cargar el teléfono móvil y recibir atención para sus lesiones.
Asilo en Ceuta: los primeros pasos para solicitar protección
La posibilidad de solicitar asilo ocupa ahora un lugar central entre algunos de los ciudadanos subsaharianos que permanecen en Ceuta. Según Accem, la Policía ya ha comenzado a realizar entrevistas para determinar quién reúne las condiciones necesarias para iniciar una solicitud de protección internacional.
El caso de Mohamed Camara muestra cómo comienza ese proceso sobre el terreno. Este joven de Guinea-Conakry, de 20 años, procede de la región de Siguizin, conocida por sus minas de oro. Cuenta que muchos de sus amigos fueron capturados para trabajar por la fuerza en las explotaciones mineras. Según el reportaje, las autoridades policiales ya disponían de sus datos y podía empezar los trámites de solicitud de asilo.
La legislación española contempla el derecho a solicitar protección internacional para las personas nacionales de países no comunitarios y para los apátridas que se encuentren en territorio español. La normativa regula tanto el derecho de asilo como la protección subsidiaria y establece un procedimiento para valorar las circunstancias de cada solicitante.
Esto significa que la permanencia de una persona en territorio español no supone, por sí misma, el reconocimiento automático de la condición de refugiado. La solicitud abre un procedimiento en el que las autoridades deben estudiar las circunstancias alegadas y determinar si concurren los requisitos establecidos por la ley.
La norma española reconoce la condición de refugiado cuando existen temores fundados de persecución por determinados motivos y cuando la persona no puede, o debido a esos temores no quiere, acogerse a la protección de su país. También contempla la protección subsidiaria para quienes, sin reunir los requisitos del asilo, afronten un riesgo real de sufrir determinados daños graves si regresan a su país.
Historias diferentes detrás de una misma frontera
Las personas que aguardan en Ceuta no forman un grupo homogéneo. El reportaje recoge testimonios procedentes de Sudán, Mali, Níger, Burkina Faso y Guinea-Conakry, entre otros países de la región del Sahel. Sus motivos para abandonar sus lugares de origen tampoco son idénticos.
En algunos casos aparecen relatos sobre grupos yihadistas. En otros, los protagonistas hablan de hambre, trabajo forzoso o la imposibilidad de mantener una vida normal. La información publicada vincula esas experiencias con la situación de inestabilidad que atraviesa parte del Sahel.
La región que el artículo sitúa entre el desierto del Sahara y las sabanas tropicales se extiende desde el Atlántico hasta el mar Rojo. El reportaje cita una estimación de Naciones Unidas de unos 400 millones de habitantes distribuidos en 12 países de la zona. Entre ellos figuran Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, partes de Nigeria y Camerún, Chad, Sudán, Sudán del Sur y Eritrea.
En este contexto, los relatos personales adquieren un peso especial. Omar y Ahmed, dos jóvenes procedentes de Mali, explicaron al periódico que habían sufrido situaciones relacionadas con secuestros cometidos por grupos yihadistas y que esas circunstancias impedían desarrollar una vida normal. Durante la conversación también revelaron que mantienen una relación de pareja, algo que consideran otro motivo para no regresar.
Los testimonios no implican por sí solos que una persona vaya a obtener protección internacional. La normativa exige una valoración individual y establece criterios concretos para determinar quién puede recibir el estatuto de refugiado o protección subsidiaria.
La separación de los recién llegados
La respuesta inicial de las autoridades se concentró también en ordenar la llegada de miles de personas con circunstancias muy diferentes. La división por grupos permitió habilitar espacios específicos para mujeres y niñas, ciudadanos subsaharianos y ciudadanos marroquíes.
En este proceso, Loma Margarita pasó a desempeñar un papel importante. El enclave, situado en la parte occidental de Ceuta, reúne a numerosos hombres jóvenes y concentra buena parte de las historias vinculadas con la búsqueda de protección.
La rutina diaria se articula alrededor de necesidades básicas. Los residentes reciben alojamiento y alimentación y pueden salir y regresar al recinto. Durante los horarios de comida, el cierre temporal de las puertas facilita la organización de las entregas.
Fuera de los centros, algunas personas continúan esperando la distribución diaria de alimentos. El reportaje sitúa una de esas escenas en la playa de El Trampolín, donde Mohamed Camara esperaba su comida mientras avanzaba su situación administrativa.
El panorama muestra así dos tiempos diferentes. Por un lado, las autoridades deben gestionar una emergencia migratoria que ha concentrado a miles de personas en un territorio pequeño. Por otro, cada solicitante que pretende obtener protección internacional necesita que su situación se examine de manera individual.
La ley española y el derecho a pedir protección
La Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece que la protección internacional comprende dos figuras: el derecho de asilo y la protección subsidiaria. La primera se vincula al reconocimiento de la condición de refugiado, mientras que la segunda cubre determinados supuestos de riesgo grave aunque no concurran todos los requisitos del refugio.
La propia normativa establece que los actos de persecución pueden incluir violencia física o psíquica, violencia sexual y determinadas actuaciones discriminatorias o desproporcionadas de carácter legislativo, administrativo, policial o judicial. El análisis debe relacionar esas circunstancias con los motivos de persecución contemplados por la legislación.
La ley también contempla el principio de no devolución para quienes hayan obtenido la protección correspondiente. Es decir, una vez reconocida la protección internacional, la persona beneficiaria no puede ser devuelta o expulsada en los términos que establece la legislación.
En Ceuta, esta regulación adquiere especial relevancia porque la llegada irregular y una eventual solicitud de asilo son cuestiones jurídicamente diferentes. El hecho de que una persona haya entrado de manera irregular no elimina la existencia del procedimiento de protección internacional previsto por la normativa.
El reportaje de EL PAÍS señala precisamente esa tensión. El Gobierno había planteado inicialmente que las personas que hubieran entrado irregularmente serían devueltas, pero el periódico explica que la obligación de tramitar las solicitudes de asilo y las normas relacionadas con el retorno de menores introducen límites a esa posibilidad.
Según la información publicada, España aprobó durante 2025 un total de 75.275 resoluciones favorables relacionadas con protección internacional y estatutos humanitarios. El mismo artículo señala que las solicitudes procedentes del Sahel se encontraban entre las que registraban mayores tasas de aprobación, próximas al 100%.
Esas cifras permiten entender por qué la vía de la protección internacional aparece entre las opciones que estudian algunos de los jóvenes que permanecen en Ceuta. Sin embargo, cada expediente sigue dependiendo de las circunstancias personales que las autoridades deben valorar.
Fuente oficial: Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria — BOE
Ceuta, entre la emergencia migratoria y la vía administrativa
El escenario descrito en Ceuta combina una emergencia humanitaria con un proceso administrativo que puede prolongarse más allá de la llegada. La primera prioridad ha sido proporcionar alojamiento, comida y atención a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Paralelamente, las autoridades deben identificar a quienes pueden acogerse a los mecanismos de protección internacional.
Para los jóvenes entrevistados por EL PAÍS, esa posibilidad tiene un significado concreto. Abdallah quiere evitar el regreso a un país donde teme terminar integrado en un grupo armado. El joven sudanés de 17 años espera poder explicar la situación de su país. Mohamed Camara afirma que algunos de sus amigos fueron sometidos a trabajo forzoso en las minas. Omar y Ahmed sostienen que no pueden regresar a una situación marcada por los secuestros y la inseguridad.
Son historias distintas, aunque todas desembocan en el mismo punto geográfico: una ciudad española situada frente al norte de África donde miles de personas esperan saber cuál será su próximo paso.
La respuesta jurídica no depende solamente del lugar donde se encuentran ni del modo en que llegaron. La legislación exige examinar las circunstancias de cada persona y comprobar si existen fundamentos para reconocer el derecho de asilo o, cuando corresponda, la protección subsidiaria.
Mientras ese proceso avanza, los centros de Ceuta siguen funcionando como espacios de acogida temporal. Allí, algunos jóvenes esperan entrevistas, otros aguardan alimentos y otros simplemente intentan recuperar fuerzas después de meses de desplazamiento.
El caso de Ceuta muestra también la distancia entre una llegada masiva y la resolución individual de cada expediente. Una emergencia puede afectar a miles de personas al mismo tiempo, pero una solicitud de protección requiere estudiar una historia personal concreta.
La imagen final que deja el reportaje es la de una espera abierta. Jóvenes sentados junto a una carretera, personas reunidas en torno a sus teléfonos, residentes que salen y regresan de los centros y solicitantes que comienzan a aportar sus datos a las autoridades. La incertidumbre continúa, pero para algunos la posibilidad de pedir protección ofrece una alternativa a regresar a los lugares de los que huyeron.
Preguntas frecuentes sobre asilo en Ceuta
¿Pueden los migrantes en Ceuta solicitar asilo?
Sí. La legislación española reconoce el derecho a solicitar protección internacional a personas nacionales de países no comunitarios y a apátridas presentes en territorio español.
¿Solicitar asilo significa obtener automáticamente protección?
No. La solicitud inicia un procedimiento en el que las autoridades estudian las circunstancias individuales y determinan si se cumplen los requisitos legales.
¿Qué diferencia existe entre asilo y protección subsidiaria?
El asilo corresponde al reconocimiento de la condición de refugiado. La protección subsidiaria se aplica a determinados casos en los que existe un riesgo real de sufrir daños graves al regresar, aunque no se cumplan los requisitos del refugio.
¿Cuántos ciudadanos subsaharianos permanecen en Ceuta según el reportaje?
Las estimaciones citadas por EL PAÍS sitúan entre 1.100 y 1.500 los jóvenes subsaharianos que permanecen en la ciudad, principalmente alojados en dos centros………Más
Contacto: info@econoticia.es
