MADRID – ECO NOTICIA: desahucio de Maricarmen Abascal
Una mujer de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50% ha sido desalojada de la vivienda de Madrid en la que residía desde hacía más de siete décadas, después de un largo conflicto judicial con la empresa propietaria del inmueble. El desahucio de Maricarmen Abascal se produjo pese a la movilización de cientos de personas y a un último intento para cubrir el nuevo alquiler exigido, pero ¿cómo se llegó a esta situación?
El desahucio de Maricarmen Abascal termina tras años de conflicto
Maricarmen Abascal vivía en un apartamento situado en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en las proximidades del parque del Retiro. La mujer, que utiliza silla de ruedas, había permanecido en ese domicilio durante más de 70 años.
El origen de la relación con la vivienda se remonta a 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler. Maricarmen se trasladó entonces al inmueble junto a sus padres y permaneció allí durante las décadas siguientes.
Tras el fallecimiento de su padre, el contrato pasó a su madre. Cuando ella murió en 2005, Maricarmen continuó viviendo en el piso bajo las condiciones del arrendamiento existente.
Durante aproximadamente dos décadas pagó alrededor de 500 euros mensuales. El material de origen señala que no existía un historial conocido de impagos.
La situación cambió después de que el edificio pasara a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión, también conocida como Urbagesa, una compañía dedicada a la inversión inmobiliaria que adquirió el inmueble en 2018.
A partir de entonces comenzó una disputa sobre el derecho de Maricarmen a continuar ocupando la vivienda bajo las condiciones del antiguo contrato.
La empresa reclamó el final del régimen de alquiler que mantenía la inquilina y planteó una nueva renta mensual de 2.650 euros. La cantidad suponía una diferencia muy significativa respecto a los aproximadamente 500 euros que abonaba hasta entonces.
Además, los 2.650 euros solicitados superaban ampliamente la pensión mensual de Maricarmen, situada en torno a los 1.400 euros.
El conflicto llegó a los tribunales. La inquilina obtuvo inicialmente una resolución favorable en instancias inferiores, pero los procedimientos posteriores terminaron con una decisión judicial que permitió al propietario recuperar la posesión del inmueble.
La orden de desalojo no se ejecutó en los primeros intentos. La operación finalmente realizada correspondió al cuarto intento de sacar a Maricarmen de la vivienda.
Cientos de personas intentaron frenar el desahucio de Maricarmen Abascal
La última jornada comenzó con una concentración de vecinos, activistas y personas vinculadas a organizaciones de defensa del derecho a la vivienda.
La protesta fue organizada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Los participantes comenzaron a reunirse frente al edificio durante la tarde anterior y varios permanecieron en el lugar durante la noche.
El objetivo de los manifestantes era impedir el desalojo previsto para la mañana siguiente. Algunos acamparon frente al inmueble, mientras otros entraron en el edificio para intentar bloquear el acceso y dificultar la ejecución de la orden judicial.
La movilización contó también con la presencia de rostros conocidos de la cultura española. Entre ellos estuvieron los actores Juan Diego Botto, Carlos Bardem y Sergio Peris-Mencheta, además del cantante Marwan.
La actriz y cantante Ana Belén también acudió a la concentración. Durante el acto recitó un poema de Rafael Alberti y realizó una versión adaptada de su conocida canción La Puerta de Alcalá.
Maricarmen salió al encuentro de quienes se habían concentrado para apoyarla. La mujer vive en la sexta planta del edificio y, según el relato difundido sobre la protesta, el ascensor no funcionaba.
Los asistentes la ayudaron a bajar por las escaleras en su silla de ruedas para que pudiera dirigirse a la multitud.
Visiblemente emocionada, agradeció la presencia de los manifestantes y animó a otras personas con problemas de vivienda a defender sus derechos.
“Luchad, no os quedéis en casa, luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a vivir”, afirmó ante los concentrados.
También cuestionó la diferencia entre determinadas promociones inmobiliarias de alto precio y las dificultades que afrontan vecinos con recursos limitados. Su mensaje, según el material de origen, insistió en que quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda no buscan áticos de lujo, sino pisos que puedan pagar.
La protesta se mantuvo durante la madrugada y llegó hasta las primeras horas de la mañana, cuando comenzó el operativo policial.
Un amplio dispositivo policial rodeó el edificio
Poco después de las siete de la mañana comenzó el desalojo de los manifestantes situados en el exterior. La Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad alrededor del inmueble y procedió a retirar las tiendas instaladas durante la noche.
La intervención provocó momentos de tensión. Los agentes antidisturbios desplazaron a los manifestantes que permanecían junto a la entrada.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid acusó a la Policía de haber empleado gases contra los participantes. Los activistas también denunciaron lo que consideraron un uso excesivo de la fuerza.
Estas acusaciones aparecen atribuidas a los organizadores y manifestantes en el material de origen y no deben confundirse con una valoración independiente sobre la actuación policial.
Mientras continuaba el operativo en el exterior, varios activistas permanecían dentro del edificio para intentar impedir el acceso a la vivienda.
Los agentes retiraron a las personas que mantenían una resistencia pasiva en la entrada y en las escaleras. En algunos puntos tuvieron que acceder a zonas cuyo paso estaba bloqueado.
La comisión judicial encargada de ejecutar el desalojo llegó durante la mañana. Mientras se desarrollaba el operativo, también continuaron los intentos de alcanzar un acuerdo de última hora.
Dentro de la vivienda, Maricarmen estaba acompañada por familiares y personas vinculadas al movimiento por la vivienda.
Finalmente, los últimos ocupantes fueron desalojados. Debido a sus problemas de movilidad, los servicios médicos de emergencia sacaron a Maricarmen en una camilla.
Posteriormente, la trasladaron en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
El contrato de alquiler se remonta a 1956
El caso tiene su origen en uno de los antiguos contratos de alquiler conocidos en España como contratos de renta antigua.
Este tipo de arrendamientos ofrecía a los inquilinos unas condiciones distintas de las habituales en los contratos actuales, con una mayor protección de la permanencia y unas reglas específicas sobre la actualización de las rentas.
En el caso de Maricarmen, el contrato fue firmado por su padre en 1956. El régimen jurídico aplicable a los contratos antiguos quedó afectado posteriormente por cambios legislativos que limitaron las posibilidades de subrogación de los familiares.
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 estableció reglas específicas para los contratos de vivienda celebrados antes del 9 de mayo de 1985. Su disposición transitoria segunda mantiene determinadas condiciones de esos contratos y regula las posibilidades de subrogación.
La legislación contempla, además, supuestos concretos relacionados con personas con una discapacidad reconocida de al menos el 65%, en determinados escenarios de subrogación.
En el caso de Maricarmen, la discapacidad reconocida era del 50%, por debajo de ese porcentaje.
Ese elemento formó parte del conflicto jurídico que terminó afectando a su permanencia en el inmueble.
El material de origen señala que la empresa propietaria cuestionó el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el piso bajo las condiciones del contrato original y que el procedimiento judicial terminó permitiendo la recuperación de la vivienda.
La situación muestra la complejidad de los contratos antiguos, especialmente cuando han pasado de una generación a otra y las normas aplicables han cambiado con el tiempo.
La diferencia entre la renta antigua y los 2.650 euros reclamados
Uno de los aspectos centrales del caso es la distancia entre el alquiler que Maricarmen venía abonando y la cantidad que la propiedad planteó como nueva renta.
La mujer pagaba aproximadamente 500 euros al mes, mientras que la cantidad solicitada posteriormente ascendía a 2.650 euros.
La diferencia no solo afectaba al importe mensual. También ponía en cuestión la posibilidad económica de que Maricarmen pudiera permanecer en el mismo domicilio.
Su pensión rondaba los 1.400 euros mensuales, una cantidad inferior a la renta reclamada por la empresa.
El conflicto, por tanto, quedó marcado por dos cifras: los aproximadamente 500 euros del alquiler que había pagado durante años y los 2.650 euros planteados posteriormente.
El material de origen indica que la nueva cantidad equivalía a más de cinco veces el alquiler que abonaba.
La empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión adquirió el edificio en 2018. Desde entonces, la continuidad de la inquilina bajo el contrato antiguo se convirtió en el centro de la disputa.
Los colectivos de vivienda han utilizado para referirse a la compañía la expresión “fondo buitre”, un término empleado habitualmente en España por organizaciones y activistas para describir a determinadas empresas de inversión inmobiliaria.
En este caso, esa denominación procede de los movimientos de vivienda y no constituye una descripción independiente de la actividad de la compañía.
Un caso que ha movilizado al movimiento por la vivienda
La situación de Maricarmen generó una movilización que trascendió el entorno inmediato de la calle Alcalde Sáinz de Baranda.
La presencia de cientos de personas y de figuras conocidas de la cultura convirtió el desalojo en uno de los episodios recientes más visibles relacionados con los alquileres antiguos y los conflictos entre propietarios e inquilinos.
Los manifestantes reclamaron que se tuviera en cuenta la situación personal de una mujer de edad avanzada, con movilidad reducida y con unos ingresos que, según los datos difundidos, no le permitían afrontar la renta solicitada.
La movilización también puso sobre la mesa el debate sobre la vivienda asequible y la protección de los inquilinos que llevan décadas residiendo en el mismo inmueble.
Sin embargo, la protesta no logró detener la ejecución de la resolución judicial.
Después de varios intentos fallidos, el operativo terminó con la salida de Maricarmen del piso en el que había vivido desde mediados del siglo pasado.
Su traslado al hospital se produjo después de que los servicios de emergencia la evacuaran en camilla.
El caso deja así una cronología muy concreta: un contrato firmado en 1956, el fallecimiento de los padres de Maricarmen, décadas de permanencia en el inmueble, el cambio de propietario en 2018, una disputa judicial, varios intentos de desalojo y una última movilización de cientos de personas.
Qué ocurre ahora con Maricarmen Abascal
El material disponible confirma que Maricarmen fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón después de abandonar el inmueble.
No aporta, sin embargo, información suficiente sobre cuál será su residencia definitiva después del desalojo, ni sobre las condiciones de alojamiento que tendrá posteriormente.
Tampoco permite establecer qué acuerdos concretos pudieron plantearse durante las últimas negociaciones antes de la ejecución de la orden.
Sí consta que una persona anónima ofreció cubrir el importante incremento del alquiler reclamado por la propiedad. Esa propuesta de última hora no evitó finalmente el desalojo.
El episodio termina, por tanto, con la pérdida de la vivienda en la que Maricarmen había residido durante más de siete décadas.
La historia ha reabierto el debate público sobre los contratos de renta antigua, la protección de las personas mayores y con discapacidad, el precio de los alquileres y el papel de las empresas de inversión inmobiliaria.
También ha puesto el foco en las consecuencias que pueden tener los cambios legislativos sobre contratos que comenzaron varias décadas atrás y que han sobrevivido a diferentes etapas del mercado inmobiliario.
Fuente oficial: Boletín Oficial del Estado — Ley de Arrendamientos Urbanos
Preguntas frecuentes
¿Quién es Maricarmen Abascal?
Es una mujer de 87 años, con una discapacidad reconocida del 50%, que residía desde 1956 en una vivienda situada en la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid.
¿Cuánto pagaba de alquiler?
El material de origen señala que abonaba aproximadamente 500 euros mensuales durante cerca de dos décadas.
¿Qué alquiler reclamaba la propiedad?
Urbagestión Desarrollo e Inversión planteó una renta mensual de 2.650 euros.
¿Dónde fue trasladada después del desalojo?
Los servicios de emergencia la llevaron en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón de Madrid………Más
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